“Con Dominga en la mira” – Editorial El Mercurio

8 noviembre, 2017

Lejos de dejar la última palabra a la institucionalidad ambiental, las continuas injerencias de autoridades gubernamentales intentan favorecer la oposición al proyecto.

Desde la controvertida resolución adoptada por el comité de ministros en orden a rechazar el proyecto minero Dominga, situación que dio lugar a la renuncia de todo el equipo económico como respuesta al manejo del Ejecutivo en ese proceso de deliberación, no han dejado de sucederse hechos que atestiguan tanto la persistencia de esa discrepancia en el Gobierno como su esfuerzo por sofocarla recurriendo a todos los medios posibles, según se pudo apreciar en la Región de Coquimbo hace unos días.

El intendente de la IV Región, Claudio Ibáñez, quien se manifestó en contra de la iniciativa de inversión en la comisión regional de evaluación ambiental, instruyó en septiembre pasado que se inscribiera a nombre del Estado una serie de islas e islotes ubicados frente a donde se emplazaría el puerto del proyecto Dominga, los que según él serían parte de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt. Quienes en la región se han manifestado en contra de esta decisión -entre otros, la propia alcaldesa de la comuna donde se sitúa el proyecto- han argumentado que esto impedirá el flujo naviero de alto tonelaje en un radio de 1,8 kilómetros, lo que haría inviable la operación de Dominga.

A pesar del rechazo de Dominga por el comité de ministros, lo cierto es que este proyecto continúa vigente. Desde el punto de vista legal, y en estricta concordancia con el Sistema de Evaluación Ambiental, la impugnación presentada por el titular del proyecto a los Tribunales Medioambientales sigue su tramitación e, incluso, podría llegar a la Corte Suprema. Por eso extraña que la vocera de Gobierno y el ministro de Medio Ambiente se apuraran en desmentir al recientemente asumido ministro de Economía -quien había señalado que el proyecto podía presentarse nuevamente a evaluación medioambiental- apuntando enfáticamente que el tema estaba cerrado. En ese mismo empeño, sin duda, insiste ahora el Gobierno a través de su intendente en Coquimbo.

De acuerdo con la institucionalidad medioambiental, de ser acogido el recurso presentado por la empresa, el tribunal podría incluso requerir la reiteración de la votación realizada por el comité de ministros. Lejos de dar la última palabra a esa institucionalidad, las continuas injerencias políticas en este caso se han mostrado más inclinadas a contaminar su curso para favorecer a uno de los intereses en conflicto. Esto seguirá ocurriendo mientras no se aquilate lo que realmente está en juego en este tipo de controversias, en donde dos intereses de gran importancia para el país, como son la preservación del medio ambiente, por un lado, y el desarrollo económico, por el otro, entran en una tensión en la cual lo que importa no es tomar partido por uno de ellos, sino crear las condiciones para que ambos alcancen el mayor grado de compatibilidad posible en beneficio del país. Esa armonización, que no es fácil, depende de una institucionalidad clara y vigorosa que la política, una política que piensa en el bien superior del país, debe en todo momento respetar y ayudar a fortalecer.

El que el Gobierno no haya logrado alinear a sus propios ministros en esta materia da indicios, por una parte, de que esa misma tensión, irresuelta, habita en su interior, y por otra, de que le ha faltado un liderazgo capaz de producir esa alineación en torno a la importancia de que sean las reglas las que primen sobre cualquier voluntad. Solo un liderazgo político semejante puede arrogarse realmente un legado en esta materia, pues él representa aquello que perdura en el tiempo porque se basa en los mismos principios en que se funda la institucionalidad de un país.

Fuente: El Mercurio